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Revista de la CEPAL n.º 99, correspondiente a diciembre
2006, contiene un artículo muy sugestivo de Enrique Iglesias,
ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre
“el papel del Estado y los paradigmas económicos”.
En ese artículo Iglesias plantea que dos paradigmas de
desarrollo han prevalecido en América Latina desde la
segunda mitad del siglo XX: el paradigma Cepalino y el Consenso
de Washington, éste último vigente hoy día.
En ambos casos, el autor le atribuye una importancia fundamental
al Estado y sus funciones y al grado de desarrollo de la institucionalidad
de cada país.
En relación con el Consenso de Washington expresa que
“la extrema debilitación del Estado experimentada
desde la vigencia del Consenso de Washington impidió
la adecuada regulación de las actividades privatizadas
e hizo perder la visión de largo plazo y la preocupación
por la concentración de ingresos”.
¿En que consistió ese Consenso? En palabras de
Iglesias, “el retorno de la ortodoxia significó
la adopción de las reglas de juego del mercado, la vigencia
del sistema de precios como principal mecanismo de asignación
de recursos, la aplicación de fuertes programas de estabilización,
la apertura al comercio internacional, el ingresos de recursos
financieros y de la inversión privada extranjera, una
política generalizada de privatización. Las reformas
económicas fueron alentadas en buena medida por los organismo
financieros de Washington …”.
Luego de más de 25 años de aplicación de
los postulados y recomendaciones del Consenso de Washington,
hoy en día hay 9 presidentes de los países latinoamericanos
y del Caribe que ganaron elecciones solicitando el voto de los
ciudadanos para sus programas de “izquierda” y en
franco enfrentamiento con candidatos de centro, centro derecha
y de derecha, identificados plenamente con los postulados del
Consenso de Washington. ¿Quien podría haber imaginado
que en el año 2007 habría 9 presidentes electos
mediante elecciones populares con visiones distintas a la ortodoxia
liberal? Esta situación representa un enorme desafío
social y político para estos gobernantes “izquierdistas”
de la América Latina, puesto que se está hablando
de países de grandes proporciones en materia de población
y economía; para aquellos que les gusta medir el desarrollo
de los países en términos de ingresos representan
un 61,2% del total del PIB regional. Si se incluye México
cuyo presidente ganó por un porcentaje muy reducido,
los países con presidentes de “izquierda”
representarían el 90% del total. |
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Existen
en realidad varias razones para que los ciudadanos de esos países
hayan rechazado a candidatos que no sean de “izquierda”,
pero una de las razones fundamentales y plenamente atribuibles al
“nuevo modelo” impulsado por los postulados del Consenso
de Washington está su gran despreocupación por la desigualdad
del ingreso, aspecto que desde la Doctrina Social de la Iglesia significa
una omisión ética injustificable. Es realmente sorprendente
cómo los principios de esa Doctrina alrededor de la “dignidad
de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la participación,
la propiedad privada, y el destino universal de los bienes”
son prácticamente ignorados en el enfoque económico
de ese “consenso”, como si la persona humana se redujera
solo al homo economicus.
Por otra parte, Iglesias plantea, asimismo, cuáles serían
los objetivos del nuevo concepto de Estado, de la siguiente forma:
primero, un Estado capaz de hacer viable la eficiencia del mercado.
No se trata de sustituir monopolios públicos por privados.
Segundo, un Estado que impulse la capacidad del sector productivo
y sugiere “intervenciones inteligentes por parte del Estado”.
Tercero, un Estado que sea responsable por reducir las desigualdades
sociales. Cuarto, una nueva relación del Estado con las empresas,
por ejemplo en materia de inversiones públicas. Quinto, impulso
a la creación de mecanismos de participación de la sociedad
civil en las funciones del Estado. Sexto, un Estado con capacidad
de orientación y formulación de políticas de
inserción internacional, particularmente lo referido al proceso
de integración regional, en consulta y colaboración
con el sector privado. Sétimo, un Estado con un papel y responsabilidad
central en la educación, la ciencia y la tecnología.
Octavo, un Estado con capacidad de análisis de las tendencias
fundamentales de la economía, la sociedad y la política
en el ámbito internacional, en el contexto de un desarrollo
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Esta tarea de un Estado moderno debe conducir a un proceso permanente
de reflexión de los sectores público y privados. Noveno,
un componente institucional de fortalecimiento de las oficinas de
planificación nacional, con capacidad de proyectar tendencias
a largo plazo sobre las cuales basar la estrategia de desarrollo.
Décimo, un Estado con capacidad de promover consensos nacionales
entre los distintos sectores de la sociedad. Para ello sugiere, entre
otros, fortalecer los Consejos Económicos y Sociales en los
países.
En mi criterio, si bien Iglesias plantea un conjunto de funciones
que un Estado “moderno” debería de considerar y
ejecutar según las características de cada país,
no resalta tres temas que considero esenciales en el caso de Costa
Rica: un proceso de descentralización de las funciones del
Gobierno Central a favor de las regiones periféricas, lo que
pasa por un fortalecimiento de las municipalidades y de su capacidad
de gestión del desarrollo integral local; una mayor capacidad
del Estado en el análisis de los resultados de los tratados
comerciales y en su Administración y gestión; ahora
ni siquiera se cumple con la ley actual sobre la evaluación
de esos tratados; y, finalmente, una mayor capacidad del Estado por
administrar sus recursos naturales.
En resumen, de lo que se trata es diseñar y poner en marcha
una concepción de Estado que realmente asegure el bienestar
de la mayoría de todos los costarricenses, respetando plenamente
la dignidad de la persona humana, y el desarrollo sostenible de nuestro
país, en el contexto de las tendencias actuales de la globalización.
Una forma apropiada de analizar una sociedad como la costarricense,
se puede cimentar en el concepto de “modelo histórico
estructural”. Esta forma de análisis permite captar la
realidad de un país no solo por sus indicadores socioeconómicos
recientes, sino también por su desarrollo histórico
y la forma como esos y otros indicadores se han venido articulando
a través de los años en un país. Además,
este enfoque busca encadenar aspectos económicos con los sociales,
políticos y ambientales.
Otro artículo del autor:
Estilos de
desarrollo
La aplicación
concreta a la realidad de un país de este concepto ha permitido
que se hable de “estilos de desarrollo” de los países
y no tanto de “modelos de desarrollo” que hace referencia,
sobre todo, a variables de tipo económico.
En ese
contexto, se habla que lo que caracteriza al actual estilo de desarrollo
de los países latinoamericanos, que se encontraría funcionando
desde mediados de la década de 1980, es el “modelo histórico
estructural multiexportador”. Este se caracterizaría,
entre otros, por multiplicidad de bienes y servicios orientados a
las exportaciones, un Estado cuyas políticas se fundamentan
en el llamado “consenso” de Washington, un debilitamiento
y empobrecimiento de las capas medias de la sociedad, una creciente
desigualdad en el ingreso, etc.
El TLC
y las Agendas
En ese
contexto, en Costa Rica se habla de tres agendas en relación
con el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, los países
centroamericanos y la República Dominicana. Este es el caso
del Dictamen Afirmativo de Mayoría suscrito por el Partido
Liberación Nacional (social demócrata) y el Partido
Movimiento Libertario (liberal e ideología en “construcción”
según su página Web), en relación al TLC referido.
Según
ese Dictamen, la “Agenda de Implementación de un TLC
no es otra cosa que un proceso interno que debe realizar el país
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en dicho instrumento”.
La Agenda Complementaria “está constituida por aquellos
proyectos que se orientan a beneficiar de forma particular a diferentes
sectores del país, para mejorar sus condiciones competitivas
y de inserción en el mercado mundial”. Finalmente, define
que la “Agenda de Desarrollo constituye el conjunto de políticas
de corto, mediano y largo plazo que se desarrollan en los campos económico,
social, ambiental y político y las cuales están orientadas
a promover del desarrollo integral del país”. Resaltan
los siguientes “elementos” de esa agenda: política
social, política productiva, políticas de sostenibilidad
ambiental y modernización institucional.
Breves
comentarios a las agendas mencionadas en el Dictamen del PLN y el
PML
1. Llama
la atención el acuerdo político entre dos partidos que
se dice difieren ideológicamente, respecto a agendas; incluyendo
una sobre desarrollo. Entonces, siguiendo un esquema de lógica,
supone que comparten visiones y estrategias sobre el desarrollo integral
del país. ¿Ya se unificaron esos partidos en la práctica
aunque permanezcan “oficialmente” separados? A ello habría
que agregar al PUSC puesto que su pretendida “Agenda de Desarrollo”
no es más que un subterfugio de lo que ha sido su política
económica neoliberal. En ese contexto, el TLC parece ser el
elemento aglutinador de partidos políticos que comparten una
visión de desarrollo de largo plazo y una plataforma política
amplia, aunque en detalles puedan diferir.
2. Si
la “Agenda de Desarrollo” es un conjunto de políticas
de corto, mediano y largo plazo, las otras agendas deberían
estar en consonancia con aquella. No obstante, el proceso que se dio
en el país fue completamente al revés. Primero, se elaboró
la Agenda de Implementación derivada del TLC, luego la complementaria
para “arreglar” los desajustes que podría traer
el TLC y finalmente se proclamó la Agenda de Desarrollo para
enmarcar nuestro progreso. Por ello, aunque no se diga, no se quiere
formular una “Agenda de Desarrollo” concertada, como debería
realizarse, porque de inmediato surgirían incoherencias insalvables.
De hecho al plantearse primero el TLC, significó que lo económico
está de primero y “todo lo demás” estaría
permitido siempre que no fuera inconsistente con lo económico
y sus intereses.
3. La
propuesta de “Agenda de Desarrollo” que se presenta en
el Dictamen Afirmativo Mayoritario del PLN y el PML, carece de un
compromiso concreto. No menciona, por ejemplo, en el texto del Dictamen,
cómo se realizaría y concretaría esa Agenda,
ni hay un compromiso expreso con la elaboración de leyes, políticas
e instrumentos de políticas. Afirmar, entre otros aspectos,
que parte de esa Agenda es “fortalecer los servicios públicos”,
resulta totalmente insuficiente y poco creíble en las actuales
circunstancias.
Expresado
lo anterior, más bien parece que el TLC y la Agenda de Implementación
representan la culminación de un conjunto de reformas económicas
que se iniciaron a mediados de la década de 1980 y que ahora
por medio de un tratado comercial se desea consolidar y profundizar
aún más.
Los aspectos antes analizados ayudarían a explicar el por qué
el diálogo social alrededor del TLC ha sido tan limitado. No
digo que no ha habido manifestaciones de opiniones, sino diálogo
y negociación de posiciones, algo que parece tan necesario
pero cada vez más difícil de alcanzar.
