Más
allá de la marcha
Luis
Paulino Vargas Solís
La
marcha del pasado 26 de febrero resultó
un acontecimiento cívico glorioso y una experiencia de
la cual sacar conclusiones enriquecedoras. Una enorme fiesta
popular, llena de colorido y expresividad, y una magnífica
confirmación de la opción pacifista y respetuosa
de esta ciudadanía organizada y madura que, al calor
de la lucha contra el TLC, se ha ido politizando a profundidad
y, progresivamente, va siendo capaz de articular, no solo un
discurso coherente de oposición al Tratado, sino también
una propuesta distinta de país. Esto último, en
todo caso, es una fuerza viva en los intersticios del movimiento,
en cuanto su rica pluralidad y el carácter avanzado de
sus reivindicaciones, son praxis vital de democracia y participación
ciudadana y potencial de renovación de la sociedad costarricense.
Por eso, y cada vez más, urge plantearse agendas y construir
espacios de reflexión y encuentro que trasciendan el
TLC y comiencen a construir proyectos de futuro.
Con
la marcha una vez más se puso en evidencia quiénes
son los violentos. Porque fue el gobierno, con la abierta complicidad
de los medios comerciales de prensa, quienes una y otra vez
insinuaron violencia, en abierto contraste con la convocatoria,
centrada en el pacifismo y la civilidad, emanada de las organizaciones
sociales.
La
marcha fue festiva y pacífica y esto ha tenido un efecto
legitimante de amplias repercusiones en la población
costarricense. El pueblo que, torpedeado por una propaganda
millonaria manipuladora, aún no logra discernir acerca
de la inconveniencia del Tratado, vio a una inmensa muchedumbre
de compatriotas diciendo, con fervor pero con respeto y civilidad,
que el TLC es inaceptable. Seguramente esto ha tenido un efecto
persuasivo mucho mayor que todos los comerciales que, en medio
de colorines, venden el TLC como vender coca-cola.
He
ahí la primera y fundamental enseñanza: la fuerza
gigantesca de la expresión y movilización pacífica.
Porque con ello se recupera y se reafirma uno de los rasgos
más avanzados de la idiosincrasia de nuestra gente: su
vocación por la paz. Así les tocamos el corazón
y lo hicimos donde más sensible es. Y enfaticemos entonces
algo que aquí resulta crucial: la paz, en un mundo tan
violento como el actual, representa un valor sumamente progresista
y avanzado. Precisamente por ello, los sectores hoy dominantes
en Costa Rica –y en primera instancia Arias y La Nación-
hablan de paz mientras ejercen violencia sistemática.
Para su avaricia sin límites, y en medio de su desprecio
por nuestra historia patria y su sordera frente a la voz del
pueblo, la paz les resulta un verdadero estorbo. Si pudieran,
impondrían sus agendas a punta de bayoneta. |
|
Pasada
la marcha, la oficialidad sigue fingiendo sordera y de nuevo hace
restallar su látigo vocinglero: “para eso tenemos los
38”. Pero ¿era acaso esperable otra cosa? El TLC no ha
sido derrotado pero es cierto que se está cayendo a pedazos.
Y la matonería oficial tan solo ratifica su tremenda inseguridad.
Por favor, dirigentes de las organizaciones sociales, no caigamos
en el juego.
Si
estamos ganando por las vías de la protesta y la resistencia
pacífica, profundicemos y perfeccionemos esos métodos
que, con ello, podremos atraer el apoyo popular y, de paso, ir consolidando
las bases de esa Costa Rica nueva y mejor por la que, más allá
del TLC, hay que trabajar desde ya, incluso, en el acto mismo de resistencia.
Porque si pacíficamente lo derrotamos, con ello, y simultáneamente,
estamos consolidando la visión de futuro que nos mueve.
Si
la opción por la protesta y la resistencia pacíficas
ha de ser nuestra base de sustentación esencial, llevarla a
la práctica con éxito comporta ciertos requisitos básicos:
primero, un enorme y permanente ejercicio de imaginación y
creatividad y, segundo, una dosis adecuada de realismo y cabeza fría.
Lo planteo porque he oído decir que, tras la marcha del 26,
el paso siguiente es la huelga general. Pregunto entonces: ¿hay
capacidad real para convocarla? ¿Es un objetivo viable y una
medida realmente necesaria en este preciso momento? Agrego: ¿Qué
tanto convenceremos a la gente para que nos apoye si, como paso inmediato,
se recurre a ese mecanismo? Reitero: hay que saber aplicar la necesaria
dosis de realismo que nuestra realidad exige.
Vienen
dos fechas patrias que marcan hitos decisivos de nuestra nacionalidad:
20 de marzo y 11 de abril. He ahí una oportunidad grandiosa
para hacer crecer la lucha y la resistencia pacíficas contra
el TLC. En primer lugar, hay que recuperar y realzar al máximo
el significado histórico y la simbología patriótica
que estas fechas contienen (cosa que a los grupos dominantes les incomoda
tanto, pero tanto, que hicieron del 11 de abril un lunes de tragos).
Y, segundo, y sobre esa base, hay que hacer de estas fechas una enorme
celebración que cubra la geografía de Costa Rica para
que, en parques y calles, la lucha contra el TLC sea expresión
de fiesta cívica y patriótica.
Apropiémonos
del 20 de marzo y del 11 de abril y convirtámoslos en dos inmensas
dagas lanzadas al corazón de las oligarquías telecistas.
Marzo 03, 2007.
Evita Arguedas
no puede votar
Pablo
Barahona Krüger
| Hablemos
claro. Sé que aquí no es la costumbre, pero qué
remedio. Se
ha denunciado que la diputada del Movimiento Libertario, Evita
Arguedas Maklouf, mantiene intereses empresariales directos en
el mercado de las telecomunicaciones. Posee, ella o su marido,
que viene a ser lo mismo, acciones de tres empresas que representan
todo un conglomerado de frecuencias (más de 100) concesionadas
por las cuales, por cierto, pagan un poco menos que nada por una
Ley de Radio y Televisión que ni a palos sugieren reformar
como cualquier concesionario con sentido patriótico, y
no solo empresario, haría.
El
cuento de que “los diputados tienen ese carácter
por la nación” nunca se lo han contado a esta empresaria
metida a diputada –la minúscula es intencional–.
No es que quiera irme en “nimiedades” constitucionales
que, por lo visto, solo importan a los que no tenemos poder, pero
una diputada que tiene negocios en telecomunicaciones no puede,
aún cuando jure bloquear los intereses de su chequera,
siquiera discutir proyectos que en un sentido u otro podrían
afectar directamente su economía o la de sus familiares.
Ni qué decir de votar, simplemente no puede y, ojo que
no hablo de deber solamente, sino de poder o facultad. Pierde
la fuerza de su mandato al mediar intereses personales que anulan
el mandato, que es precisamente lo que manda una ley anterior
que, aunque Arguedas y sus ad láteres no lo adviertan,
está muy por encima de su condición de diputada
y por tanto la obliga o limita.
La
Ley contra la Corrupción (dejémosla hasta ahí
porque el resto del nombre sobra) prohíbe legislar en provecho
propio y pena con cárcel a quien no observe tal prohibición.
En
lo conducente, la norma dispone que una diputada debe inhibirse
de votar toda ley que la favorezca a ella, a su cónyuge
o a cualquier pariente hasta arribar al tercer grado de consanguinidad.
Tan clara es la norma dispuesta en el artículo 48 de esa
ley (n.° 8.422), de plena vigencia y obligada observación
para todo ciudadano, incluida y aún con mayor razón
una diputada, que los equívocos y las interpretaciones
falaces no caben. No hay lagunas ni términos abiertos,
la norma es contundente. |
|
La
diputada Evita Arguedas debería, por imperativo legal y no solo
moral, inhibirse de conocer dos proyectos que la afectan a ella y a
sus parientes, el proyecto de regulación de las Telecomunicaciones
y el Cafta. Si no pueden ser discutidos por ella, mucho menos habrá
de votarlos.
Si no se
recusa deberán sus iguales recusarla, reputándole, como
ya lo hizo algún diputado, el conflicto de intereses que ya hoy
sucede al participar Arguedas en la discusión del proyecto de
Telecomunicaciones. Por mucho menos han obligado a desistir del conocimiento
de ciertos temas a funcionarios públicos que tenían intereses
mucho más indirectos, por lo que de no sucederse la separación
de la legisladora en relación con ambos proyectos, constataríamos
nuevamente lo que ya hemos acusado antes, en Costa Rica se aplaude arriba
lo que se castiga abajo.
No hay
más, o Evita Arguedas vuelve sobre sus pasos y se excusa, o se
expone a que la recusen. Tanto en la comisión que preside José
Luis Valenciano que trata el tema de Telecomunicaciones, como en el
plenario, cuando inicie la discusión del tratado comercial entre
Centroamérica y Estados Unidos, Evita Arguedas habrá de
mantenerse distante, de lo contrario esperaríamos la acción
valiente de algún diputado que levante el estandarte de la decencia
y exija el respeto de la legalidad.
Llevados
a ese nivel no habrá vuelta de hoja, o la denuncian otros diputados
o lo hace la Contralora o la Procuradora que, esperamos, no dejarán
pasar también esta flagrancia ante sus ojos y los de la ciudadanía.
Bien lo decía Richelieu en una cita que no sobra mencionar: “Aprobar
una ley y no hacerla cumplir equivale a promover lo que en un principio
se pretendía prohibir”. La ley en cuestión se titula
“Contra la corrupción”, vale el recordatorio.
Qué
tendrá que decir Otto Guevara a todo esto, porque tanto se peca
por acción como por omisión, cuando de afrentas a la patria
hablamos. Nuevamente, la libertad se entiende de muchas maneras. ¿Será
que así la entienden ellos?
3 de marzo
de 2007.
23.501
Juan
Manuel Villasuso
| ¿Cuántos
fuimos a la marcha? La pregunta puede resultar trivial
porque nunca antes habíamos visto en Costa Rica una manifestación
tan grande, tan plural, tan pacífica y tan alegre como
la de este 26 de febrero en contra del TLC.
Ni
las demostraciones de repudio al contrato Alcoa en 1970 ni las
protestas contra el Combo del ICE hace siete años convocaron
a tantos costarricenses. Ni siquiera los partidos políticos
tradicionales, que gastan millones movilizando gente de todo el
país para la clausura de las campañas electorales,
han llenado tantas cuadras del Paseo Colón y de la Avenida
Segunda como sucedió en esta jornada ciudadana.
Sin
embargo, aunque la pregunta sea trivial, es necesario hacerla
para evidenciar un fenómeno muy grave que en esta ocasión
se muestra con toda nitidez: la manipulación de la información
por parte de algunos medios de comunicación; manipulación
que afecta una de las libertades esenciales del sistema democrático:
el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
Un
día después de la marcha, el periódico La
Nación les dijo a sus lectores, en primera plana, que al
evento cívico habían asistido 23.500 personas. Ni
una más, ni una menos. El dato fue preciso. No admitía
cuestionamientos.
Con
el fin de darle “validez” a su cuantificación,
La Nación elaboró un plano de la Avenida Segunda
que pintó de colores dependiendo de la densidad con que,
según el diario, se agruparon las personas: rojo oscuro
cuando era muy compacto, más pálido si la densidad
se reducía, rosado cuando era menor y blanco si el espacio
estaba vacío. A partir de esta simplificación cromática,
que abarcó un lapso de media hora (1-1.30 p.m.), el periódico
hizo una inferencia aritmética. |
|
El
dato tenía visos de “rigor científico”. El
lector no tenía por qué cuestionarlo. Debía tomarlo
como cierto. Pero el yerro era tan grande y la deducción numérica
tan burda que solo se necesitaba de dos elementos para demostrarla.
Primero,
el análisis del croquis. No es posible que en una marcha, donde
los asistentes se desplazan, existan zonas vacías o una densidad
constante durante media hora. El flujo de las personas hace que la ocupación
del espacio se modifique rápidamente en el tiempo. En consecuencia,
el diagrama es totalmente equivocado. Un análisis fidedigno debió
considerar el número de personas que transitaban por un determinado
lugar durante las casi tres horas del desfile.
Segundo,
la fotografía que acompaña al título de la noticia.
La imagen, aunque parcial, muestra una multitud que sobrepasa en mucho
la cifra mencionada en el texto. Otras fotos publicadas en otros medios
y las tomas desde los helicópteros que miles de televidentes
vieron en los canales 6 y 7 confirman la formidable subestimación
hecha por La Nación.
Esta falta
de veracidad en la información tiene serias consecuencias, sesga
la opinión pública y afecta el derecho de las personas.
La Constitución
Política (Art. 46) otorga a los habitantes el derecho a recibir
información adecuada y veraz. Quien se suscribe a un periódico
o lo adquiere al pregón, no paga para que lo engañen.
Las libertades son opciones para la acción, los derechos son
obligaciones que el Estado debe tutelar.
El periodista
tiene un compromiso con la verdad y el periódico con la veracidad.
Aunque sea difícil determinar qué es la verdad, es fácil
comprobar la mentira. Cabe preguntarse si los órganos jurisdiccionales
y la Defensoría pueden actuar de oficio ante evidentes irrespetos
a la Constitución en perjuicio del ciudadano.
(La República)
Marzo
02, 2007
De
cal y de arena
Alvaro
Madrigal Castro
Los
acontecimientos del lunes 26 son suficientemente elocuentes
como para tomarlos con indiferencia, subestimación o desdén.
Las decenas de miles de personas que se manifestaron en San José
(con réplicas en otras ciudades del país que aunque menos
concurridas, en nada desmerecieron el simbolismo de la protesta) confirmaron
la existencia de un caudaloso rechazo al Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y los vecinos del istmo.
Yo
me sentí muy bien sumándome a la marcha y al repudio de
ESTE Tratado por rebasar todos los límites propios de un entendimiento
de voluntades idóneo para facilitar el intercambio comercial
y por constituirse en el torniquete con que foráneos van a decidir
la suerte de las instituciones y del modelo de sociedad de Costa Rica.
Las más
heterogéneas voluntades (no “los izquierdistas” con
que quiso anatematizarnos alguien el 20 de diciembre) hemos encontrado
un punto de coincidencia, de concordancia, de unión: la convicción
de que este Tratado no es conveniente ya que va a significar la proscripción
de la visión política que ha hecho posible —aún
con sus errores y omisiones— construir con la concurrencia del
Estado y de las fuerzas económicas y sociales, un país
que ha evolucionado con justicia, equidad y libertad.
En nada
ha hecho mella la descomunal y onerosa campaña de publicidad
montada para exaltar apoyos al TLC y abatir las resistencias hasta la
mínima expresión, campaña ineficaz para sus objetivos
porque no convenció al segmento de población al que se
dirigió, que la percibió sospechosa de no ser veraz. No
corrigió el efecto de aquellas falacias sobre los 500 mil empleos
que se perderían si se rechaza el convenio; o sobre la mágica
llegada de cientos de millones en inversión extranjera; o la
deformación de la realidad que bordea la industria de textiles;
o sobre la extinción de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.
Los hechos
confirman la polarización del país ante lo cual el Congreso
debe ser cauteloso en el manejo de este expediente pues un atropello
en la tramitación de cuestión tan trascendental podría
ser la espoleta de la convulsión social. Los valores y los principios
en juego —dijo un connotado partidario del convenio, Federico
Malavassi— son más importantes que el TLC. “No vale
la pena —advirtió— hacer trampa para aprobarlo. En
ello no hay honor ni decencia”.
El Tratado
fue parte de las promesas de campaña del Dr. Arias. Es, entonces,
válido su derecho a poner todo su arsenal político al
servicio de la aprobación en la Asamblea. Pero esto no legitima
la arbitrariedad con que una alforja política, cuya única
razón es la fuerza del número, retuerce los procedimientos
legislativos sin advertir, siquiera, los precedentes en que la Sala
Constitucional ha tenido que enmendar la plana por encontrar atropelladas
las elementales reglas del trámite y debate parlamentarios.
En medio
de las diferencias marcadas por su formación profesional, cultura
universal y posicionamiento político, hay rasgos comunes entre
ellos que explican por qué terminan chocando entre sí.
Oscar Arias y Hugo Chávez gustan de meterse con el vecino. Recuerdo
a la “vieja de patio” y su protagonismo.
Marzo 01,
2007.
(La República)
Chisporroteos
Alberto
F. Cañas
En un artículo
de don Oscar Arias que se publicó en este periódico el
lunes, leí lo siguiente: “La democracia es muchas cosas,
pero, antes que todo, es un sistema para tomar decisiones”.
Lo mismo,
con perdón sea dicho, puede afirmarse de la dictadura. Con el
agravante de que la dictadura las toma con más rapidez. Muchos
antropófagos latinoamericanos se han autojustificado con esa
afirmación sobre su propia eficiencia.
No se trataba,
claro, de definir la democracia, sino, me lo puedo imaginar, de decir,
no que es un sistema, sino que es una manera de tomar decisiones. O
sea que las decisiones se toman democráticamente o no.
Pero tomar
decisiones democráticamente no es, como algunos en Costa Rica
pretenden, salir a votar el primer domingo de febrero de año
par y no bisiesto, y que de allí en adelante el que salga ungido
haga lo que le dé le gana, piense la gente lo que piense, y aunque
haya sido electo con menos de la mitad de los votos emitidos, y por
tan solo una cuarta parte de los votantes inscritos.
Costa Rica
consolidó su paz y su orden cuando, por iniciativa de don Ricardo
Jiménez, eliminó la necesidad de ganar las elecciones
por mayoría absoluta, y estableció que un 40% de los votos
válidos es suficiente. Esto se decretó en 1932, y hubo
que aplicarlo por primera vez en 1958. Desde entonces hemos tenido gobiernos
de minoría, sin que la República se haya resentido, ni
la democracia sufrido. Los inició don Mario Echandi. También
fue Presidente de minoría Daniel Oduber. Ninguno de ellos pretendió
haber recibido un mandato. De eso, sólo José Figueres
y Luis Alberto Monge.
Como son
las cosas (y aún si la administración ha recibido el 66%
de los votos válidos), no puede un gobierno pretender que lo
han autorizado para hacer lo que le venga en gana, y que no es lícito,
o moral, que la población le pida que no lleve a cabo determinada
cosa, o que efectúe alguna otra.
El Derecho
de Petición está claramente establecido en el artículo
27 de la Constitución Política, y todavía no ha
salido, que yo sepa, ningún jurista a la violeta que pretenda
que ese artículo se refiere exclusivamente a la petición
escrita. Puede ser oral. Puede ser individual. Puede ser colectiva.
Y también puede ser multitudinaria.
Y una petición
multitudinaria, la resuelve la autoridad a SU buen (o mal) saber y entender,
pero a sabiendas del riesgo que corre. Por ejemplo: en el 2000, el tristemente
célebre “combo del ICE” (hijo predilecto de la Administración
Rodríguez), desapareció de la Asamblea Legislativa después
de haber sido aprobado en primer debate. No sé, dichosamente,
que habría pasado de haber metido cabeza el gobierno de entonces,
empeñado en aprobarlo a pito y caja (siendo, como lo era, un
gobierno que había obtenido más del 50% de los votos válidos
en la elección presidencial).
La democracia,
en suma, no es “un sistema para tomar decisiones”, sino
una manera de tomarlas: de acuerdo con el pensamiento popular (también
llamado en círculos de arriba, del populacho), o de acuerdo con
el pensamiento de ciertos círculos de arriba, platudos y sonoros
(minorías selectas que llaman). En todo caso, siempre valdría
la pena que, como lo hacían don Ricardo Jiménez y don
Pepe Figueres, se sopese y se considere cómo piensan los que
tienen, y cómo piensan los que no tienen. En términos
clásicos: mercaderes frente a filósofos. (¡Qué
diablo, suena bonito una suma de populacho más academia!)
(La República)
28 de febrero.
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